La empresa de fitness interactivo Peloton y su división comercial Precor presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para solicitar el reembolso de aranceles que aseguran haber pagado de manera indebida sobre importaciones de equipamiento deportivo. La acción judicial fue iniciada el 7 de enero ante la U.S. Court of International Trade y tiene como demandados al United States Customs and Border Protection (CBP), a su comisionado Rodney S. Scott y al Estado estadounidense. CBP es el organismo encargado de recaudar los aranceles de importación.

Según la presentación judicial, Peloton y Precor importan productos desde países alcanzados por los aranceles implementados por el presidente Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca. Entre ellos se incluyen China, México, Canadá y otros mercados, en el marco de una serie de medidas comerciales adoptadas entre febrero y abril de 2025.

En febrero, Trump anunció aranceles del 25 % a las importaciones provenientes de México y Canadá, y del 10 % a productos originarios de China, invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. En abril, la administración sumó un arancel general del 10 % sobre bienes importados desde todos los países, con tasas superiores para determinados mercados. Estas medidas se justificaron en la declaración de una emergencia nacional vinculada al déficit comercial, la inmigración irregular y el tráfico de drogas.

En la demanda, Peloton y Precor sostienen que la IEEPA no otorga al presidente autoridad para imponer aranceles, y citan fallos previos de la Court of International Trade y de la Court of Appeals for the Federal Circuit, que ya habían cuestionado el uso de esa ley para aplicar derechos de importación.

Las compañías indicaron que vienen pagando estos aranceles de manera continua desde febrero de 2025, y que algunas de sus importaciones ya fueron “liquidadas”, es decir, con los pagos definitivos cerrados. Por ese motivo, señalaron que iniciaron la demanda para preservar su derecho a reclamar reembolsos en caso de que los tribunales declaren ilegales los aranceles.

El caso se enmarca en un debate judicial más amplio. La Corte Suprema de Estados Unidos analiza actualmente si el presidente tenía facultades legales para imponer estos aranceles bajo la IEEPA. El máximo tribunal escuchó los argumentos en noviembre y aún no emitió un fallo. Incluso si los aranceles fueran declarados ilegales, la devolución del dinero pagado quedaría sujeta a decisiones de instancias inferiores.

En su presentación, Peloton y Precor señalaron que una eventual decisión de la Corte Suprema no garantizaría automáticamente la restitución de los montos abonados, motivo por el cual solicitaron que el tribunal declare los aranceles ilegales, ordene su devolución con intereses y disponga la revisión de importaciones ya liquidadas. El Departamento de Justicia declinó realizar comentarios sobre la demanda. Peloton y Customs and Border Protection tampoco emitieron declaraciones públicas al respecto.