Los operadores nucleados en la Cámara de Gimnasios de Tucumán manifestaron su preocupación ante la aplicación de la Ley n°8897 que regula la actividad de los gimnasios en la provincia -para la cual no fueron convocados ni consultados- ya que consideran que impactará negativamente sobre el sector.

En primer lugar, señalan que la ley es discriminatoria porque regula “únicamente” a los gimnasios como establecimientos destinados a la actividad física y no tiene en cuenta otros espacios como: academias de gimnasia artística, artes marciales, danzas, centro de rehabilitación, canchas de fútbol, paddle, squash, clubes de natación, etc. Tampoco regula la actividad que se realiza en los espacios públicos. “Solamente a los gimnasios se les exige la presencia de un Director Técnico Profesor de Educación Física; y la presentación de un apto físico con electrocardiograma, actualizado anualmente”, destaca el comunicado de prensa de la Cámara.

“No pueden ser los gimnasios prestadores de salud sino que somos promotores de salud. En ese sentido, el apto físico no garantiza absolutamente nada. El electrocardiograma es una foto del momento e indica que en ese instante la persona no está sufriendo ninguna patología cardíaca, pero eso no quiere decir que a la tarde pueda sufrir un infarto”,  explica el abogado Carlos Canevaro, presidente de la Cámara.

 Asimismo, el titular de la entidad añade: “Entendemos que el requisito del apto físico es trasladarnos a los propietarios de los gimnasios una responsabilidad que no nos corresponde. Cada persona es responsable del propio riesgo que asume al realizar actividad física u otro tipo de disciplina. Por ejemplo, si alguien decide saltar en paracaídas, por más recaudos que se tomen, el individuo está asumiendo un riesgo y si sucede algo tiene que asumir la consecuencia del mismo”.

Como Cámara están preocupados porque entienden que el apto físico no es una garantía de un control médico profundo o de chequeos médicos periódicos. “De por sí, salir del sedentarismo es una tarea ardua como para ponerle un condicionamiento,  una traba más, que es lo que representa este certificado”, detalla el abogado.  Y añade que a esto se agrega otro elemento, “toman a los gimnasios como factor de peligro cuando en realidad es la actividad menos peligrosa, porque además contamos con un servicio de emergencia médica, el personal está capacitado para realizar reanimación y tenemos un botiquín de primeros auxilios”.

Para Canevaro “es tan absurdo lo del apto físico” que lo compara con la situación de que para comprar una hamburguesa en una casa de comidas rápidas exijan un certificado médico firmado por un gastroenterólogo de que la persona no tiene problemas de colesterol alto ni de grasa en las arterias. “No lo hacen porque está la libertad del individuo, hay un derecho constitucional a la libertad de elección. Yo te tengo que informar de los peligros y de ahí cada uno elige, como ocurre con el cigarrillo”, detalla el abogado.

Si bien la ley de gimnasios se sancionó hace dos años, hasta el momento no se venía aplicando en la provincia. Desde la entidad también se mostraron disconformes con que sea el Ministerio de Salud el encargado de aplicar la norma.

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