La nueva normativa que regulará el trabajo de los monitores y entrenadores personales en los gimnasios de España está generando una gran controversia. Aunque aún no fue aprobada, se espera que en las próximas semanas se dé luz verde a un decreto que pretende unificar los criterios de formación y funciones para estos profesionales en todo el país.

Actualmente, tanto los titulados en Formación Profesional (FP) como los graduados universitarios en Ciencias del Deporte pueden ejercer como entrenadores personales. Sin embargo, si el decreto se aprueba tal como está redactado, solo los graduados universitarios podrán desempeñar esa función, mientras que los profesionales con FP quedarán relegados a actividades colectivas como ciclo indoor, zumba o el control de salas de musculación.

Los graduados en Ciencias del Deporte defienden que su formación más amplia, que incluye asignaturas como Anatomía, Fisiología y Biomecánica, les capacita mejor para ofrecer entrenamientos personalizados, adaptados a las necesidades y condiciones de cada cliente. Además, sostienen que los entrenadores personales deben contar con más conocimientos y habilidades para trabajar con personas con lesiones o condiciones especiales.

Por su parte, los titulados en FP, que representan cerca del 60% de los matriculados en enseñanzas deportivas, consideran que esta medida les discrimina y les limita en sus oportunidades laborales. En este sentido, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas mostró su desacuerdo, argumentando que la nueva normativa afectaría a cerca de 11.000 titulados de FP al año.

Por otro lado, los colegios profesionales de licenciados en Educación Física (COLEF) defienden la exclusividad del puesto de entrenador personal para los graduados, argumentando que estos están mejor preparados para realizar entrenamientos personalizados. A pesar de la polémica, el Gobierno español insiste en que la futura normativa tiene como objetivo garantizar la calidad del servicio y ofrecer mayor confianza a los usuarios.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes asegura que está trabajando en un borrador que reconoce los diferentes niveles educativos y ofrece oportunidades para todos los profesionales del sector. El decreto aún está pendiente de la aprobación final en el Consejo de Ministros, y aunque algunos sectores temen que esta medida pueda afectar al empleo en los gimnasios, el Gobierno se compromete a que la ley no sea discriminatoria, sino que sirva para establecer una regulación clara y coherente en todo el territorio.