En noviembre entra en vigencia la nueva ley que regula a la industria del fitness en la provincia de Tucumán. Sancionada en agosto pasado, establece que “todas las actividades que se desarrollen en el gimnasio deben ser supervisadas en  forma  permanente  por  un  profesional  en Educación Física”. Además, a los clientes se les deberá exigir de manera obligatoria un certificado de aptitud física, que deberá contener los resultados de los estudios electrocardiográficos.

 

“Se inscriben en CrossFit sin saber si les da el cuerpo. También es importante que haya profesores de Educación Física, ya que les generará más salida laboral a este sector de profesionales y también cuidará al cliente”, señaló el legislador propulsor del proyecto, Claudio Viña, en declaraciones al periódico La Gaceta, de Tucumán.

 

Asimismo, los  gimnasios  deberán estar adheridos a un servicio de emergencias médicas y capacitar a sus profesionales en técnicas de reanimación cardiorrespiratoria y primeros auxilios.  Dentro de los centros, estará prohibida la venta o suministros de medicamentos, sustancias o  elementos que contengan principios activos que modifiquen el rendimiento físico o accionen fisiológicamente sobre el organismo.

 

El incumplimiento de lo establecido por la Ley 8.897 dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: multas graduables “según el equivalente en pesos de 50 a 1.000 litros de nafta súper” y clausuras de entre 1 a 10 días corridos. En caso de reincidencia, los mínimos y máximos se duplicarán. La autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Salud Pública de la provincia.