Portugal volvió al confinamiento el último viernes por el aumento de casos de Covid-19 y decidió cerrar comercios no esenciales, entre ellos los gimnasios. El primer ministro, Antonio Costa, anunció que, en un principio, la restricción será por 15 días, aunque se prevé que las medidas duren hasta mediados de febrero.

Como se espera un fuerte impacto económico, el primer ministro aseguró que todas las empresas afectadas pueden acceder a los ertes simplificados (el Estado paga una parte del salario de los empleados registrados). El teletrabajo es obligatorio y las multas serán más estrictas para quienes no cumplan las reglas.

“Nuestro país entra en su segundo cierre, pero básicamente todo sigue funcionando, con excepción del sector terciario”, asegura Armando Moreira, de Gimnocedro. En su opinión, estas medidas son «absurdas» ya que, mientras se cierran los gimnasios, el resto de las actividades siguen funcionamiento, como los cultos religiosos y los deportes individuales.

La semana pasada Portugal tuvo un repunte de casos de Covid-19, luego de que las autoridades redujeran las restricciones en época de fiestas de Navidad y fin de año. “La situación de la pandemia es alarmante, el país llevó dos días consecutivos registrando récords de muertes (156) en las últimas horas”, asegura Pedro Ruiz, fundador de Vivafit.

Los cinco meses que los gimnasios estuvieron cerrados durante 2020 tuvieron un impacto significativo en el sector. “Contamos con la mitad de los clientes que teníamos antes, o sea, estamos todos perdiendo dinero. La población está muy enferma, más obesa, con más casos de diabetes, más suicidios y más brotes psicóticos”, agrega Ruíz.

Mientras rija el confinamiento, el plan es ofrecer servicios online. “La mayoría de los gimnasios van a ofrecer entrenamiento personal online, otros van alquilar equipos para mantener algún tipo de ingreso”, señala Moreira. A su vez, agrega que todavía hay dudas sobre la continuidad de los servicios de fisioterapia y entrenamiento individual al aire libre.

Por su parte, Ruiz comenta que aunque aún no están preparados para realizar un reclamo judicial, sí van a comenzar con una campaña mediática para que los ciudadanos sepan las consecuencias que cierre tendrá en cantidad de despidos y quiebras. “Se empieza a cuestionar si todas estas medidas son realmente constitucionales”, alerta Moreira.