La organización Fit 4 Life – Irish Physical Activity Alliance (IPAA) está instando al gobierno de Irlanda a implementar exenciones fiscales para incentivar el ejercicio. Esta propuesta permitiría a las personas con membresías en gimnasios o que asistan a clases de yoga reclamar la devolución de impuestos sobre estas tarifas, similar a cómo se gestionan los gastos de salud.

La IPAA, que representa a 891 gimnasios y centros de ocio en Irlanda, busca fomentar estilos de vida saludables y reducir el alto costo que la inactividad física representa para el Estado. Se estima que el 25% de la población irlandesa se describe como «inactiva», lo que supone un gasto adicional de €1.5 mil millones de euros (más de U$1.6 mil millones de dólares) anuales en atención sanitaria, más del 6% del presupuesto del Health Service Executive (HSE).

La desgravación fiscal propuesta se gestionaría a través del formulario Med 1 para gastos de salud, y estaría dirigida a cualquier persona que haya pagado por clases de fitness o membresías de gimnasio. La presidenta de la IPAA, Dra. Darina Dunne, argumenta que las rebajas fiscales son efectivas, ya que muchas personas consideran la membresía de gimnasio como un gasto discrecional y, por lo tanto, prescindible.

“No se trata solo de obtener una reducción de impuestos, sino de hacer que la gente sea más activa físicamente”, afirma la Dra. Dunne. «Estamos diciendo al gobierno: implementen un incentivo fiscal para cambiar la mentalidad del público sobre la actividad física y trabajen con nosotros para educar sobre sus beneficios reales», añade.

La Dra. Dunne también enfatiza la importancia de una campaña de información paralela a la implementación de la exención fiscal para maximizar su efectividad. En esta línea, cita ejemplos internacionales donde incentivos fiscales similares, como en Canadá, Australia y Rumania, incrementaron significativamente la participación en actividades físicas.

Sin embargo, cualquier medida fiscal debe ser considerada dentro del contexto del presupuesto nacional. Actualmente, la elegibilidad para la desgravación fiscal se limita a los gastos relacionados con tratamientos considerados necesarios y apropiados por un profesional cualificado.