Los Juegos Olímpicos son una oportunidad perdida para promover la actividad física
Los grandes eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos (JJOO), ofrecen una oportunidad única para promover la actividad física. “Sin embargo, históricamente han tenido un impacto mínimo en los niveles de actividad que se realiza en las ciudades anfitrionas y son una oportunidad perdida para mejorar la salud de la población”.
Así lo aseguran investigadores del Reino Unido y de Australia en tres artículos publicados en la revista científica The Lancet, con motivo de la realización de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Los autores reclaman que se actúe de forma inmediata para darle prioridad a lograr un aumento de los niveles de actividad física para mejorar la salud pública.
En estos artículos los autores destacan que no se produjo ningún cambio apreciable en la participación en deportes ni antes ni después de la realización de los Juegos Olímpicos. Incluso, siguió siendo así después de que en 2001 se iniciara un proyecto de impacto global que sugería a las ciudades organizadoras recopilar datos sobre participación deportiva.
Al respecto, el profesor Adrián Bauman, de la Universidad de Sídney, en Australia, dice: “Los JJOO son una oportunidad perdida para aumentar los niveles de participación deportiva en todo el mundo. Estos eventos ofrecen un escenario ideal para que la gente se interese y se entusiasme con la actividad física”.
Los autores piden que se planifiquen y coordinen asociaciones entre los gobiernos locales, nacionales y el Comité Olímpico Internacional (COI), así como un marco de evaluación exhaustivo sobre la actividad física en las ciudades y países anfitriones, para construir un legado que conduzca a una mayor práctica de ejercicio y una mejora de la salud pública.
La inactividad física está asociada con un mayor riesgo de padecer enfermedades no transmisibles -como cardiopatías, algunos tipos de cáncer y diabetes, entre otras- y supone un costo de por lo menos U$ 54 mil millones de dólares al año en gastos sanitarios directos, de los cuales U$ 31 mil millones los paga el sector público.