El Congreso de la República de Colombia aprueba la Ley 2490, que establece un nuevo marco legal para fomentar el deporte, la recreación y la actividad física mediante la inversión empresarial y la responsabilidad social corporativa. La normativa permite que personas naturales y jurídicas que paguen el impuesto sobre la renta puedan invertir en programas deportivos y sociales a cambio de beneficios tributarios.

Los contribuyentes podrán firmar convenios con fundaciones, clubes deportivos y organizaciones sociales avaladas por el Sistema Nacional del Deporte. A cambio, recibirán títulos negociables o certificaciones que podrán ser utilizados como pago del impuesto sobre la renta, en los términos del artículo 257‑1 del Estatuto Tributario. Para acceder a este beneficio, los proyectos deberán contar con la aprobación técnica del Ministerio del Deporte y la validación presupuestal del Ministerio de Hacienda.

Uno de los objetivos principales de la ley es «garantizar mayor equidad territorial en el acceso al deporte». Por eso, destaca que se priorizarán inversiones en zonas de difícil acceso, municipios ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) y regiones PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Entre las actividades que podrán desarrollarse mediante estos convenios se incluyen: construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura deportiva; dotación de equipamiento e indumentaria; programas de actividad física para todas las edades, especialmente en poblaciones vulnerables; becas y apoyos económicos para deportistas; desarrollo de turismo deportivo; transporte escolar para niños y jóvenes que participan en actividades deportivas y capacitación técnica de entrenadores, con enfoque diferencial e inclusivo.

Además, las empresas podrán crear y dirigir convocatorias deportivas anuales para identificar y apoyar a deportistas de alto rendimiento, ofreciendo respaldo económico y logístico para su formación profesional. La ley establece que todos los proyectos deberán alinearse con la política pública del Ministerio del Deporte y estarán sujetos a auditorías periódicas por parte de este organismo y el Ministerio de Hacienda. También se aplicará una implementación gradual del sistema de títulos tributarios para evitar impactos fiscales negativos inmediatos.

La DIAN será la entidad encargada de verificar el uso correcto de los recursos y el impacto social de los proyectos. Los ministerios involucrados tendrán un plazo máximo de un año para reglamentar la ley y definir los criterios para la elegibilidad de los proyectos y beneficiarios. La norma entró en vigencia el 17 de julio, fecha de su promulgación y puede leerse aquí.